Desde el apagón, Red Eléctrica ha intensificado el uso de mecanismos para garantizar la estabilidad del sistema, lo que ha disparado el precio de los servicios de ajuste, en especial las restricciones técnicas. Estos servicios permiten activar centrales de respaldo —sobre todo ciclos combinados de gas— cuando las renovables no logran cubrir la demanda o generan de forma descompensada. El resultado es que ahora, más energía entra al sistema por la puerta de atrás: fuera del mercado y a precios mucho más altos.
Comercializadoras como Neuro Energía alertan de un extracoste de entre 10 y 15 €/MWh, una cifra muy superior a la esperada. “Estos mercados no tienen cobertura posible. No hay forma de cubrir el riesgo”, afirma Javier Colón, su CEO. “Desde ACENEL pedimos que estos costes se integren en la tarifa de acceso, como ya ocurre en otros países europeos”.
Cláusulas de escape y contratos al límite
Las consecuencias ya se están notando en los contratos energéticos firmados con empresas industriales. En especial, los acuerdos de tipo “pass pool”, que fijan parcialmente los precios. Como explica Joaquín Giráldez, cofundador de Ingebau, estos contratos están “perdiendo dinero”: las comercializadoras venden energía a un precio determinado, pero los costes inesperados las colocan en pérdidas.
Ante esta situación, las eléctricas están enviando avisos de ruptura de contrato y renegociando nuevas condiciones, esta vez con cláusulas que les permitan ajustar precios en función de los servicios de ajuste, una práctica que recuerda al mecanismo del tope al gas aplicado durante la crisis energética.
Las renovables, ¿culpables involuntarias?
Paradójicamente, la causa estructural del problema es la misma que se presenta como solución a largo plazo: la entrada masiva de energía renovable. Al generar electricidad de forma intermitente y, muchas veces, aleatoria respecto a la demanda, desplazan a las centrales térmicas del mercado diario, pero esas mismas plantas deben activarse después para mantener el equilibrio de la red. Y cuando lo hacen bajo el régimen de “restricción técnica”, el coste se dispara.
Este modelo de funcionamiento ya se anticipaba como un reto en la transición energética, pero el apagón del 28 de abril ha dejado clara su vulnerabilidad en tiempo real.
¿Realmente «imperceptible»?
Una semana después del incidente, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, declaró que el impacto en la factura sería «absolutamente mínimo» e «imperceptible». Sin embargo, ese mensaje oficial entra en colisión directa con la realidad de las comercializadoras, que ya están pasando el coste a las industrias, muchas de las cuales dependen de contratos energéticos estables para mantener márgenes operativos.
Lo que para el regulador puede ser un ajuste técnico, para un fabricante de aluminio o una planta de automoción representa miles de euros mensuales de sobrecoste.
