El coche eléctrico en Europa entra en una nueva fase: la de la madurez, con todo lo que eso implica. Tras una década de crecimiento sostenido impulsado por subvenciones, ventajas fiscales y trato preferencial, los privilegios empiezan a desvanecerse. La Euro 7 marca un punto de inflexión técnico y político, al tiempo que los gobiernos europeos miran con lupa el agujero fiscal que deja el coche de combustión.
Desde 2026, la nueva normativa Euro 7 exigirá también a los coches eléctricos que cumplan límites de emisiones, aunque no salgan por el tubo de escape. Se centrará en partículas generadas por la fricción de neumáticos y frenos, fuentes que hasta ahora apenas se habían regulado pero que tienen impacto directo en la calidad del aire urbano. Esto, más allá de lo técnico, deja claro un mensaje: ya no hay barra libre normativa para el vehículo eléctrico.
En paralelo, la sostenibilidad económica de los incentivos también se pone sobre la mesa. Noruega, país pionero en la electrificación, ha decidido recortar drásticamente sus beneficios fiscales. Con una cuota de mercado que roza el 95% de eléctricos en 2025, el Gobierno ha anunciado que la exención del IVA solo se mantendrá hasta un precio máximo de 300.000 coronas noruegas (unos 26.000 euros), frente al anterior tope de 43.000 euros. Y a partir de 2027, esa ventaja desaparecerá por completo.
Este cambio es más que simbólico. En Noruega, la exención del IVA ha sido la palanca principal para popularizar el coche eléctrico, junto con otras medidas como peajes gratuitos, acceso a carriles bus y exención del impuesto de matriculación. Gran parte de estos beneficios ya se han reducido o eliminado en los últimos años. La retirada del IVA es el paso final.
El Gobierno justifica este giro por el fuerte coste fiscal —unos 1.500 millones de euros anuales— y porque se considera cumplido el objetivo de electrificación. La transición ya no necesita ayudas tan agresivas, según argumenta el ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg. El dinero liberado se usará para rebajar otras cargas fiscales.
No obstante, para evitar que resurja el motor de combustión, el Ejecutivo noruego también ha decidido endurecer aún más la fiscalidad de los modelos diésel y gasolina. El impuesto de matriculación aumentará entre 1.700 y 2.600 euros, en un país donde estos vehículos ya afrontan cargas de decenas de miles de euros debido a los tributos ligados a CO₂, peso y potencia.
Lo ocurrido en Noruega marca una hoja de ruta que previsiblemente otros países europeos seguirán. Con cuotas de eléctricos superiores al 25% en mercados como Países Bajos, Alemania o Suecia, los gobiernos empiezan a evaluar cómo reequilibrar sus cuentas. Francia ya ha endurecido su sistema de ayudas a través del “bonus-malus” y Alemania ha suprimido su subvención para particulares. Mientras tanto, el mercado eléctrico avanza hacia una etapa donde deberá sostenerse con menos muletas públicas.
